Escrito por Comunicación ILAIPP

¿Cuál es el rumbo de la política fiscal y la inversión pública en Honduras?

¿Una Política Fiscal que se ha olvidado de los pobres? La construcción de la política fiscal y del sistema tributario en Honduras beneficia a grupos reducidos en detrimento de la justicia fiscal y los principios éticos de la tributación.

Esto se puede observar en una recaudación tributaria que recae casi en un 70% a través de los impuestos indirectos (intensificando la regresividad fiscal en el país centroamericano), tendencia que se sostiene gracias al Decreto 278-2013 que aumentó del 12 al 15% el Impuesto Sobre la Venta (ISV). Por otra parte, se evidencia que Honduras cuenta con más de 2002 leyes para exoneraciones fiscales (como las ZEDES o las contenidas en el Plan 20/20), las cuales en el año 2012 se encontraban concentradas en un 65% en 20 empresas mercantiles.

Esto crea el desarrollo desigual de los sectores productivos, generando “privilegiados y economías de enclave” dentro del país. Si se observa el IMAE acumulado por sector productivo en Honduras, resalta el crecimiento desproporcionado en la actividad económica (en relación al resto de rubros en la economía) de los sectores de comunicaciones y actividades financieras, logrando acumular un promedio anual (entre el año 2000 y el 2016) de más del triple en comparación con el resto de sectores.

Inversión pública: entre el abandono y la concesión

Entre el año 2010 y el 2016, la inversión pública real en Honduras creció un 4% a lo largo del período, por debajo al 15% alcanzado en la primera década del milenio. Esto indica que el Gobierno de Honduras redujo sustancialmente los fondos destinados a la inversión pública; junto a esto, reorientó la inversión hacia actividades que difícilmente se catalogan como inversión productiva, denominándola en algunos casos, inversión en capital humano o inversión social.

Para llenar el “vacío” inducido de la inversión pública, se promueve el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP) y Alianzas Público Privadas Locales (APPL), las cuales presentan una preferencia hacia la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y logística, e incursionan en algunos servicios mediante “obras faraónicas”; es decir, infraestructura costosa, sin estudios públicos de factibilidad, viabilidad, costo-beneficio y costo de oportunidad; lo cual deja la ventana abierta para pensar que tienen beneficios restringidos para la nación, desconectados de las cadenas de valor, e inexistentes en los planes de desarrollo nacional y planes territoriales. Situación que obliga al Estado a contraer riesgos y emitir garantías soberanas, incrementando aún más la deuda actual y posible deuda futura (cuando se hagan efectivas las contingencias fiscales), en una inversión que no genera crecimiento ni bienestar.

Esta política fiscal de desarrollo da como resultado sectores económicos con desempeños desiguales, debido a incentivos fiscales inadecuadamente focalizados. De un lado, se encuentran sectores como el agrícola -de alto empleo y bajos en capital- que han sido abandonados y reciben apoyos marginales (por ejemplo; con fondos FIRSA), pero de otro lado, están sectores como el de industria manufacturera, telecomunicaciones o energía -de poco empleo y altos en capital- que reciben una diversidad de incentivos, exoneraciones y subsidios. Creando “sectores de enclave”, sin conexión con las cadenas de valor nacionales para el desarrollo sostenible del país.

¿Cuál es el rumbo de la inversión pública en Honduras?

Junto a la reducción en los montos de inversión pública, también se observa una reorientación en la misma, con una contribución creciente del Programa Vida Mejor en el monto total de la inversión. Sin embargo, el FOSDEH cuestiona si las transferencias monetarias condicionadas implican realmente una inversión en términos de productividad para el país; pues en términos teóricos, la inversión implica la generación de renta y la amortización del bien capitalizable. Al final, parece ser que esta reorientación -también avalada por el Fondo Monetario Internacional en su acuerdo stand by del 2014- responde más a fines clientelares que a una visión de desarrollo de mediano y largo plazo, ya que no se observan los estudios de impacto socio económico (solo en discurso) de los hogares que reciben dicho beneficio.

El gobierno hondureño ha disminuido carteras de inversión, como la de carreteras, la cual pasó de L. 4,219 millones en el año 2011 a L. 3,828.9 millones al 2014. Disminución que se ha visto compensada con la adquisición de préstamos, concesiones y APPs. Sin embargo, hay muchos otros sectores que quedan sin recibir ningún tipo de inversión ni incentivos. Vale la pena preguntarse ¿cuánto de esta inversión pública (sea mediante fondos públicos, endeudamiento y APPs) está generando un impacto positivo en la creación de empleo y aumento de la productividad?

Repensar el futuro: un pacto para rescatar la inversión pública

Es urgente una planificación estratégica de Estado, en la creación, seguimiento y monitoreo de políticas públicas encaminadas a alcanzar desarrollo socioeconómico en Honduras. En otras palabras, hacer valer los pilares vigentes de la Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010 ‐ 2022.

Es necesario que el país se replantee el rumbo de la inversión pública y de la política fiscal, con vistas a provocar un desarrollo territorial incluyente. No es posible seguir postergando el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos con miras a generar condiciones de crecimiento equilibrado, empleos dignos, creación de oportunidades y bienestar.

Noticia original  de FOSDEH