Escrito por Comunicación ILAIPP

Entrevista a Manuel Arís: “Son fundamentales los espacios en los que se puedan compartir experiencias, estrategias y conocimientos”

Manuel Arís es el Director de Incidencia del centro de pensamiento chileno Espacio Público y ha participado activamente en proyectos sobre transparencia y anticorrupción. Fue coordinador de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y actualmente participa, desde la vereda de Espacio Público, en iniciativas como el Observatorio Anticorrupción, Chile Check y la Red Anticorrupción Latinoamericana (REAL), cuyo objetivo es impulsar políticas públicas contra la corrupción en la región.

1. ¿Cómo se gestó la Red Anticorrupción Latinoamericana y cuál es la importancia de estudiar la corrupción en América Latina?

La creación de la Red parte de un diagnóstico compartido por los centros de estudios que la conforman: que la corrupción es un fenómeno cada vez más sofisticado, que actúa a nivel local, nacional e internacional. Por eso la importancia de crear una Red que sea capaz de estudiarla en profundidad, descubriendo sus causas profundas, sus procedimientos y las mejores formas para prevenirla, detectarla y sancionarla. Además, buscamos conformar un grupo de organizaciones a nivel internacional que acumule densidad política para impulsar las reformas que se consideren necesarias en cada país y así mejorar el diseño institucional que aborda a este fenómeno.

Existe una creencia que nos ha hecho muy mal a lo largo del tiempo: Que la corrupción es algo típico de Latinoamérica, prácticamente parte de nuestra identidad. Creer eso es condenarnos a vivir gobernados por instituciones corruptas, cuando en realidad existen muchas formas de combatir la corrupción para que ésta no se vuelva algo normal. Para eso son fundamentales los espacios en los que se puedan compartir experiencias, estrategias y conocimientos, como esta Red pretende hacer.

2. ¿Cómo se alinea el tema de la anticorrupción con la agenda de investigación de ILAIPP?

Ambas redes son perfectamente complementarias. Si bien ILAIPP cuenta con una agenda de temas más amplia, tanto su composición como orientación están en la misma línea que REAL. Esta última se concentra en el tema de la corrupción, pero muchos de los centros de estudios que la conforman no trabajan únicamente ese tema.

Por otra parte, ambas redes también tienen un foco importante en las acciones de incidencia que puedan producir cambios en las políticas públicas, agregando complejidad y sentido a la generación de conocimiento. La especificidad de REAL será un aporte, sin duda, al trabajo de ILAIPP, como también la experiencia de trabajo en red y la amplitud de ILAIPP será un insumo fundamental para el trabajo de REAL.

Las instituciones GRADE, de Perú; FARO, de Ecuador; CADEP, de Paraguay; ASIES, de Guatemala; FUSADES, de El Salvador; y Espacio Público comparten un lugar, tanto en REAL como en ILAIPP. ¿De qué manera los debates donde participan diferentes visiones nacionales colaboran hacia una visión regional?

Las diferentes visiones nacionales sobre el comportamiento de un mismo fenómeno permiten dos cosas. Primero, en aquellos elementos en los que haya coincidencia, ya sea en las causas de ese fenómeno en particular, en sus consecuencias o dinámicas de comportamiento, permitirá establecer criterios generales de interpretación para la región, al menos para el conjunto de visiones nacionales que se hayan considerado en el análisis.

Segundo, y más interesante todavía, la detección de casos atípicos, la identificación de situaciones que rompen las tendencias generales, permiten realizar análisis que busquen aislar los factores determinantes de ese comportamiento atípico, y eso abre una enorme perspectiva de aprendizaje para la incidencia y para la mejor comprensión de fenómenos tan complejos como el de la corrupción.

Los espacios de intercambio tienen también otros beneficios, como el de ampliar la forma de abordar un fenómeno, evitar cometer errores que otros ya hayan cometido, y persistir en aquellas estrategias que la experiencia de otros haya comprobado que logran éxito en el mediano o largo plazo.

3. ¿Qué medidas concretas tienen en mente como organización, en términos de políticas públicas nacionales y/o regionales para enfrentar la corrupción e incidir en la vida de las y los ciudadanos?

REAL está en plena fase de constitución, por lo que la Red todavía no cuenta con un nivel muy concreto o detallado de recomendaciones. Pero la instancia de encuentro que sostuvimos a fines de agosto nos permitió darnos cuenta de ciertos elementos comunes de la forma en la que la corrupción se manifiesta en nuestros países. Ésta es compleja, multicausal, facilitada por cuestiones de orden institucional hasta cultural, que implica un gran desafío para su abordaje desde la investigación y la incidencia.

También coincidimos en que uno de los principales desafíos relacionados con este tema es justamente la forma en la que podemos hacer explícitas las consecuencias que la corrupción tiene para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y, por otra parte, en cómo se puede capitalizar políticamente una agenda de reformas que sea valorada socialmente, más allá del círculo de especialistas que trabajan en la agenda de cada país.

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Promueven lectura a nivel local

La Gran Campaña Nacional por la Educación -coordinada por ASIES-, el Ministerio de Educación de Guatemala y la Asociación Nacional de Municipalidades, certificaron a municipios como “Amigos de la Lectura”.

Los municipios fueron galardonados por promover la oportunidad de impulsar trabajos conjuntos a nivel local entre autoridades ministeriales, municipales y sociedad civil para organizar y promover múltiples actividades de lectura y difundirlas como parte de un plan municipal.

El reconocimiento fue entregado a los municipios de Gualán, Zacapa; Jalapa, Jalapa; San Pablo e Ixchiguán, San Marcos; Santiago Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez y San Bartolo Milpas Altas, Sacatepéquez.

La certificación “Amigos de la Lectura” se lleva a cabo en el marco de la carta entendimiento suscrita en el 2014, con el objetivo de promover la lectura en todos los municipios del país, en el marco del Programa Nacional de Lectura, así como impulsar acciones vinculadas a la calidad educativa.

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Fundaungo realiza La Semana de las políticas públicas con base a evidencia

Con el objetivo de posicionar la importancia del uso de la evidencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, entre el 21 y 25 de agosto, Fundaungo realizó La Semana de las políticas públicas con base a evidencia.

La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) desarrolló una serie de jornadas dedicadas a la reflexión sobre la importancia del uso de investigación y datos de calidad durante todo el ciclo de las políticas públicas, denominada La Semana de las Políticas Públicas con base a evidencia,

El evento inaugural contó con la participación de representantes de USAID El Salvador, El Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), de Argentina, Fundaungo, medios de comunicación y universidades aliadas a la iniciativa.

Durante el evento de bienvenida, Ricardo Córdova, director ejecutivo de Fundaungo, destacó que uno de los retos para El Salvador consiste en generar una cultura de evaluación de las políticas públicas, que informe el debate y las decisiones. “Esto requiere desarrollar capacidades nacionales, formando el recurso humano especializado, tanto en la administración pública como en las instituciones académicas”, agregó.

A lo largo de La Semana se desarrollaron conferencias, paneles y talleres especializados. Los avances y desafíos de la evaluación de las políticas públicas en América Latina, la medición de la pobreza multidimensional en El Salvador y los distintos tipos de evaluación de proyectos fueron algunas de las temáticas abordadas.

“Como Fundaungo, reconocemos la necesidad de generar este tipo de espacios, destinados a la reflexión y capacitación sobre la importancia de contar con datos de calidad que surjan como resultado de investigaciones bien desarrolladas, con el fin de formular y ejecutar políticas públicas capaces de generar un impacto positivo en la sociedad”, explicó María Elena Rivera, coordinadora del Programa Estudios sobre Políticas Públicas, de Fundaungo, durante el evento de clausura.

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Entrevista a Wilson Jiménez Pozo: “Análisis de política pública sobre la desigualdad y la política fiscal en Bolivia 2017”

En diálogo con Wilson Jiménez Pozo, Investigador Asociado y cofundador de Fundación ARU, se analiza la realidad boliviana en cuanto a la desigualdad y la política fiscal y los proyectos que la organización realiza en relación a este tema. Jiménez es máster en Gestión y Políticas Públicas por el Harvard Institute for Internacional Development (HIID) y licenciado en economía por la Universidad Mayor de San Andrés.

1. ¿Qué importancia tiene para usted el Análisis de política pública sobre la desigualdad y la política fiscal en Bolivia? 

Altamente relevante, dado que Bolivia es uno de los países con una reducción acelerada de la desigualdad de ingresos en los últimos años, atribuido a mayores ingresos laborales de los trabajadores no calificados, ampliación de las políticas de transferencias monetarias a los hogares y efectos directos e indirectos del crecimiento económico.

Asimismo, la política fiscal, por la vía del nivel y estructura del gasto público, como de la incidencia fiscal de los impuestos, afectó la distribución de ingresos y la desigualdad; dichos aspectos fueron evaluados en documentos de análisis que usaron datos de 2009, sin embargo, requieren un monitoreo más continuo, sobre todo por los cambios recientes en el entorno económico internacional que podrían afectar y reducir el desempeño económico del país.

2. ¿Qué proyecto está desarrollando actualmente Fundación ARU de acuerdo a ésta temática?

Oxfam Intermon y la Fundación Aru firmaron un Convenio de colaboración denominado “Análisis de política pública sobre la desigualdad y la política fiscal en Bolivia 2017”. Oxfam Intermon apoya a la Fundación Aru en la elaboración de tres documentos de políticas públicas relacionadas con la importancia de la política fiscal y la reducción de desigualdades.

3. ¿Cuál es el propósito del proyecto?

Dicho convenio tiene el objetivo de generar evidencia y análisis sobre la relación entre las desigualdades y los retos de la política pública en Bolivia, principalmente la capacidad distributiva de la política fiscal y de las políticas sociales para reducir la desigualdad y las brechas sociales y económicas entre distintos grupos de la población. Fundación Aru apoya a Oxfam en la consecución de la estrategia de influencia en las políticas públicas en Bolivia 2017 – 2020, que consiste en posicionar a la política fiscal como instrumento relevante para reducir las desigualdades y brechas sociales.

4. ¿Cuál es la duración de este proyecto? Y ¿Dónde se llevará acabo?

El convenio tiene una duración de alrededor de cinco meses, entre el 17 de julio y 31 de diciembre del presente año. en la ciudad de La Paz, Bolivia.

5. ¿Qué aspectos considera sobresalientes acerca de este proyecto?

Como resultado del convenio Oxfam Intremon y Aru, se generarán documentos de política sobre los siguientes temas: (i) una reflexión sobre la agenda pendiente de desigualdad, (ii) la evaluación de la política fiscal como vía para reducir desigualdades y (iii) la evaluación de recursos del gasto social orientados a reducir las desigualdades en educación. A partir del Convenio, Aru fortalece la capacidad de los equipos de trabajo para difundir la investigación y realizar monitoreo a las políticas públicas, principalmente en cuanto a los efectos distributivos de la política fiscal.

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Evaluación de Impacto en Políticas Públicas en América Latina

Dentro del Programa Desarrollo de Capacidades, Fundación Aru dicto sesiones presenciales sobre evaluación de impacto en Políticas Públicas, en los países que pertenecen a la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP).

En el marco del Programa Desarrollo de Capacidades, cada mes se realizan diferentes actividades, presenciales y/o virtuales, que afianzan el desempeño de las instituciones en diferentes temáticas. Entre las más destacadas, durante el mes de julio, están los cursos presenciales que Fundación Aru de Bolivia dictó en Ecuador, Guatemala, El Salvador y Paraguay; y que contaron con la participación de centros de pensamiento miembros de ILAIPP: Grupo FARO, ASIES, FUSADES, FUNDAUNGO, id y CADEP.

Personal de ASIES de Guatemala, durante las jornadas de capacitación en Evaluación de Impacto en Políticas Públicas

Estas sesiones presenciales son parte del módulo Del control al aprendizaje: El monitoreo y la evaluación participativa como estrategia para potenciar la generación de conocimiento para incidir en las políticas públicas y complementan los tres webinars sobre evaluación de impacto que se dictaron de manera virtual a los participantes y un posterior elemento de mentoría.

Visitar: Plataforma de educación sobre monitoreo y evaluación de impacto en políticas públicas

Foro sobre evaluación de impacto reúne a varios sectores en Ecuador

Como parte de la colaboración entre centros de pensamiento miembros de ILAIPP, en Ecuador se realizó el Foro “La Relevancia de la Evaluación de Impacto en las Políticas Públicas. Una mirada desde la academia, el sector público, y la sociedad civil”, organizado por Grupo FARO y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) el apoyo de Fundación ARU (Bolivia).

Al evento se dieron cita expertos nacionales e internacionales quienes desde distintas miradas abordaron roles, acciones y desafíos propios de los ejercicios de Evaluación de Impacto.

Como expositores internacionales participaron: Wilson Jiménez Pozo, Investigador Senior de Fundación ARU (Bolivia) quien, desde la perspectiva de la sociedad civil, resaltó el valor de los procesos de evaluación como mecanismos útiles para identificar resultados, pero también como aquellos que permiten realizar recomendaciones de ajuste durante las acciones; y Pablo Vidueira (@PabloVidueira), consultor e investigador en evaluación, de la Universidad Politécnica de Madrid (España), quien abordó aspectos como los sectores que podrían ser susceptibles de evaluaciones, las alianzas que podrían favorecer las mismas y las oportunidades que tiene la academia como un campo laboral recientemente aperturado.

Ambos experto llegaron al país sudamericano como parte de las sesiones presenciales del módulo Del control al aprendizaje: El monitoreo y la evaluación participativa como estrategia para potenciar la generación de conocimiento para incidir en las políticas públicas.

Leer también: Evaluación de impacto: Tres sectores participaron de debate

Programa Desarrollo de Capacidades

Los módulos de fortalecimiento de capacidades nacen de un proceso de diagnóstico en el que se destacan los temas prioritarios identificados por los centros de pensamiento, miembros de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación de Políticas Públicas (ILAIPP), para afianzar las fortalezas internas y, a su vez, construir nuevas capacidades en diferentes temas como: comunicación, sostenibilidad de las organización, evaluación de impacto en políticas públicas y monitoreo y evaluación, entre otras temáticas, que permitan a los centros de pensamiento de la región posicionarse como referentes de información verificada.

Este programa es financiado por la Iniciativa Think Tank y sus actividades son de acceso gratuito para los colaboradores de los centros de pensamiento miembros de la ILAIPP.

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Iniciativa Ciudadana para las Pensiones en El Salvador

La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) se creó en julio de 2016 con el objetivo de proponer mejoras al sistema de pensiones que tuvieran como foco, ofrecer mayores beneficios a los trabajadores.

La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones es un esfuerzo de organizaciones e instituciones de la sociedad civil protagonistas en el debate para proponer soluciones de mejoramiento del sistema previsional, que garanticen los derechos de los trabajadores, en un marco de legalidad y sostenibilidad.

La Iniciativa trabajó en la elaboración de una nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones en El Salvador que propone nuevos beneficios y alternativas de ahorro a los trabajadores que fue presentada al gobierno salvadoreño. En este proceso se realizaron talleres de consulta en los que participaron más de 40 organizaciones durante más de seis meses, evaluaron, discutieron y redactaron una nueva propuesta para reformar el sistema de pensiones para el beneficio de los trabajadores.

En los talleres participaron representantes de sindicatos así como asociaciones de diferentes sectores económicos que aportaron con sus ideas a la elaboración del documento, que ya fue presentado a la Asamblea Legislativa.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), miembro pleno de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP) junto al Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones en El Salvador (COMTRADEFOP), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) conforman la ICP.

Leer también: La propuesta del Gobierno es totalmente diferente de la solución presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones

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¿Cuál es el rumbo de la política fiscal y la inversión pública en Honduras?

¿Una Política Fiscal que se ha olvidado de los pobres? La construcción de la política fiscal y del sistema tributario en Honduras beneficia a grupos reducidos en detrimento de la justicia fiscal y los principios éticos de la tributación.

Esto se puede observar en una recaudación tributaria que recae casi en un 70% a través de los impuestos indirectos (intensificando la regresividad fiscal en el país centroamericano), tendencia que se sostiene gracias al Decreto 278-2013 que aumentó del 12 al 15% el Impuesto Sobre la Venta (ISV). Por otra parte, se evidencia que Honduras cuenta con más de 2002 leyes para exoneraciones fiscales (como las ZEDES o las contenidas en el Plan 20/20), las cuales en el año 2012 se encontraban concentradas en un 65% en 20 empresas mercantiles.

Esto crea el desarrollo desigual de los sectores productivos, generando “privilegiados y economías de enclave” dentro del país. Si se observa el IMAE acumulado por sector productivo en Honduras, resalta el crecimiento desproporcionado en la actividad económica (en relación al resto de rubros en la economía) de los sectores de comunicaciones y actividades financieras, logrando acumular un promedio anual (entre el año 2000 y el 2016) de más del triple en comparación con el resto de sectores.

Inversión pública: entre el abandono y la concesión

Entre el año 2010 y el 2016, la inversión pública real en Honduras creció un 4% a lo largo del período, por debajo al 15% alcanzado en la primera década del milenio. Esto indica que el Gobierno de Honduras redujo sustancialmente los fondos destinados a la inversión pública; junto a esto, reorientó la inversión hacia actividades que difícilmente se catalogan como inversión productiva, denominándola en algunos casos, inversión en capital humano o inversión social.

Para llenar el “vacío” inducido de la inversión pública, se promueve el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP) y Alianzas Público Privadas Locales (APPL), las cuales presentan una preferencia hacia la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y logística, e incursionan en algunos servicios mediante “obras faraónicas”; es decir, infraestructura costosa, sin estudios públicos de factibilidad, viabilidad, costo-beneficio y costo de oportunidad; lo cual deja la ventana abierta para pensar que tienen beneficios restringidos para la nación, desconectados de las cadenas de valor, e inexistentes en los planes de desarrollo nacional y planes territoriales. Situación que obliga al Estado a contraer riesgos y emitir garantías soberanas, incrementando aún más la deuda actual y posible deuda futura (cuando se hagan efectivas las contingencias fiscales), en una inversión que no genera crecimiento ni bienestar.

Esta política fiscal de desarrollo da como resultado sectores económicos con desempeños desiguales, debido a incentivos fiscales inadecuadamente focalizados. De un lado, se encuentran sectores como el agrícola -de alto empleo y bajos en capital- que han sido abandonados y reciben apoyos marginales (por ejemplo; con fondos FIRSA), pero de otro lado, están sectores como el de industria manufacturera, telecomunicaciones o energía -de poco empleo y altos en capital- que reciben una diversidad de incentivos, exoneraciones y subsidios. Creando “sectores de enclave”, sin conexión con las cadenas de valor nacionales para el desarrollo sostenible del país.

¿Cuál es el rumbo de la inversión pública en Honduras?

Junto a la reducción en los montos de inversión pública, también se observa una reorientación en la misma, con una contribución creciente del Programa Vida Mejor en el monto total de la inversión. Sin embargo, el FOSDEH cuestiona si las transferencias monetarias condicionadas implican realmente una inversión en términos de productividad para el país; pues en términos teóricos, la inversión implica la generación de renta y la amortización del bien capitalizable. Al final, parece ser que esta reorientación -también avalada por el Fondo Monetario Internacional en su acuerdo stand by del 2014- responde más a fines clientelares que a una visión de desarrollo de mediano y largo plazo, ya que no se observan los estudios de impacto socio económico (solo en discurso) de los hogares que reciben dicho beneficio.

El gobierno hondureño ha disminuido carteras de inversión, como la de carreteras, la cual pasó de L. 4,219 millones en el año 2011 a L. 3,828.9 millones al 2014. Disminución que se ha visto compensada con la adquisición de préstamos, concesiones y APPs. Sin embargo, hay muchos otros sectores que quedan sin recibir ningún tipo de inversión ni incentivos. Vale la pena preguntarse ¿cuánto de esta inversión pública (sea mediante fondos públicos, endeudamiento y APPs) está generando un impacto positivo en la creación de empleo y aumento de la productividad?

Repensar el futuro: un pacto para rescatar la inversión pública

Es urgente una planificación estratégica de Estado, en la creación, seguimiento y monitoreo de políticas públicas encaminadas a alcanzar desarrollo socioeconómico en Honduras. En otras palabras, hacer valer los pilares vigentes de la Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010 ‐ 2022.

Es necesario que el país se replantee el rumbo de la inversión pública y de la política fiscal, con vistas a provocar un desarrollo territorial incluyente. No es posible seguir postergando el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos con miras a generar condiciones de crecimiento equilibrado, empleos dignos, creación de oportunidades y bienestar.

Noticia original  de FOSDEH 

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Grupo FARO participa en lanzamiento de índice de Gobernanza en recursos naturales

El Resource Governance Index 2017 fue presentado el pasado 18 de julio en Lima. Grupo FARO participó en el evento como representante de Ecuador. En el encuentro expertos regionales evaluaron resultados, generaron recomendaciones y discutieron elementos metodológicos para siguientes mediciones.

El Resource Governance Index 2017 mide la calidad de la gobernanza de recursos en 81 países que en conjunto producen el 82% del petróleo mundial, el 78% de gas y una proporción significativa de minerales. Es el producto de 89 evaluaciones de países (ocho países fueron evaluados en dos sectores), compilado por 150 investigadoras e investigadores, utilizando casi 10.000 documentos de apoyo para responder a 149 preguntas.

Los datos del índice muestran que Noruega tiene la mejor gobernanza de sus recursos naturales, seguido de cerca por Chile, el Reino Unido y Canadá en la parte superior de la categoría de “buen” desempeño. El índice concluye que la brecha entre el marco jurídico y la implementación es mayor en países donde la corrupción es sistémica.

Ecuador fue evaluado por su sector petrolero y obtuvo una calificación de 54 sobre 100 puntos para el año 2017. Esta calificación ubicó al país en puesto 32 de 89 países evaluados y entre los 14 países evaluados de América Latina y el Caribe, Ecuador ocupó el puesto 10. Entre los hallazgos del índice para Ecuador se establece una larga diferencia de 22 puntos entre la fortaleza de los marcos institucionales y normativos y su implementación. Si bien existen reglas claras para procesos de licitación, financieros, ambientales, transferencias subnacionales, entre otros, su implementación carece de cumplimiento.

Grupo FARO, miembro de ILAIPP, participó de este espacio, como organización representante del país en el análisis de sus resultados y la construcción de recomendaciones para mejorar la gobernanza de sus recursos naturales.

Informe disponible

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Analizan beneficios de la ley de competencia en Centroamérica

Para resaltar la importancia del derecho de competencia en los países de Centroamérica y discutir el caso de Guatemala, cuyo proceso de implementación de una ley de competencia aún está en marcha, ASIES realizó el foro “Beneficios de la ley de competencia: experiencias en Centroamérica”.

En el foro “Beneficios de la ley de competencia: experiencias en Centroamérica” participaron Celina Escolán, superintendente y presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia de El Salvador (2006-2009); Pamela Sittenfeld, directora ejecutiva de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica (2000-2005), y Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República de Guatemala (2001-2010).

Pese a que Guatemala ratificó acuerdos internacionales en los que se compromete a aprobar una ley de competencia económica, todavía no cuenta con una norma al respecto, pues una iniciativa para aprobarla se encuentra en espera de ser discutida en el Congreso de la República. Por eso, ASIES considera importante debatir, analizar y reflexionar en torno a qué debe contener una ley de competencia para ser efectiva y cuáles han sido las experiencias y mejores prácticas en la región centroamericana.

 

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Espacio Público entrega propuestas a candidatos presidenciales de Chile

El centro de pensamiento (think tank) chileno Espacio Público dio inicio a sus actividades del segundo semestre el pasado 14 de julio, de cara a las próximas elecciones presidenciales. Entre ellas destacan una serie de propuestas de políticas públicas, reuniones con los candidatos e iniciativas de participación ciudadana.

Fueron 13 las propuestas cuyo lanzamiento iniciaron la agenda programática de Espacio Público, las que surgieron de informes e investigaciones realizadas durante los últimos cinco años por el centro de estudios y que fueron reunidas en un documento titulado “Hacia el Chile que queremos”.

El documento, que incorpora las áreas de salud, anticorrupción, diversidad e inclusión, protección de consumidores, ciudad y transporte, y ordenamiento territorial, fue entregado a las distintas candidaturas con el objetivo de enriquecer los debates programáticos con propuestas concretas. De la misma manera, se invitó a los candidatos a reuniones que se realizarán a partir de la segunda quincena de agosto, para analizar las propuestas en conjunto con los directores y los miembros de la red de expertos del centro de estudios.

Otra de las actividades que sobresalen es la participación de Espacio Público en la iniciativa “Vota Inteligente”, de la Fundación Ciudadano Inteligente, que conglomera apoyo de más de 50 organizaciones y centros de estudio. Plataforma que permitirá a la ciudadanía enviar propuestas para que puedan ser discutidas y que, además, puedan recibir apoyo de parte de las distintas candidaturas, organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en general.

El centro de estudios que acumula 12 publicaciones se ha posicionado como un aporte para el diseño y planificación de políticas públicas en Chile, propuestas que se espera sean parte del debate durante este semestre.

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